El mismo día que el Gobierno argentino presentó la apelación contra el fallo que lo obliga a entregar el 51% de su participación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la jueza Loretta Preska citó a las partes involucradas a una reunión clave en la Corte de Nueva York.
La convocatoria no apunta a revisar el fondo de la cuestión, sino a avanzar en los mecanismos que permitirían a los demandantes, los fondos Burford Capital y Eton Park, hacer efectivo el cobro de los U$S16.000 millones que les otorgó el fallo en primera instancia por la expropiación de la petrolera en 2012.
“La jueza Loretta Preska convoca a la República Argentina y a los beneficiarios del fallo YPF a una reunión en su Corte para destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el alter ego de YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el BCRA. Los beneficiarios buscan embargar activos de estas entidades”, explicó Sebastián Maril, especialista en litigios contra el Estado argentino en el exterior.
La cita judicial: martes 15 de julio
La audiencia fue fijada para el próximo martes 15 de julio a las 10 y precede a un posible nuevo pedido de los fondos demandantes. Estos buscan que la jueza obligue a la Argentina a revelar datos sobre posibles “alter ego” del Estado: es decir, empresas e instituciones públicas que actúan en nombre del país en el extranjero y cuyos bienes podrían ser embargados.
La estrategia de los fondos responde a una presión creciente para forzar al Estado argentino a negociar una salida al millonario fallo. En la mesa, las alternativas son claras: cumplir con la entrega del 51% de YPF, lo cual el Gobierno actual considera inviable sin intervención del Congreso, o acordar una reducción del monto total a pagar.
Según Maril, el escenario judicial actual tiene antecedentes en el cambio de Gobierno. “Cuando asume Milei, justo el gobierno anterior venía de apelar el fallo de Preska de los U$S16.000 millones. La jueza entonces le ofrece a Milei poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Pero Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido como Presidente y tenía otras prioridades, decide no poner una garantía, y entonces empiezan los embargos”, detalló el analista.
Hasta ahora, se solicitaron dos embargos: uno resultó en la reciente orden judicial para entregar las acciones de YPF, decisión que la Argentina apeló esta semana. El segundo embargo está vinculado directamente con la solicitud de declarar a Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central como “alter ego” del Estado, con el objetivo de avanzar sobre sus activos.